La gran apuesta. Sociedades garantistas de inclusión.
Rosana Palomares. Fisat. Vocalía Emancipación
En las sociedades europeas vivimos preocupadas y preocupados por mantener un bienestar conseguido en décadas pasadas y que en los últimos tiempos peligra, así como poder seguir disfrutando de los niveles de confort y de consumo que los medios de comunicación u otros medios, nos presentan como necesarios para ser felices. Es así como en ocasiones, algunos principios como la equidad, la imparcialidad, la justicia o la integridad física y moral, están siendo infravalorados y subestimados, interponiendo los intereses particulares, al interés común, en detrimento de leyes, procesos e instituciones.
¿Qué ocurre cuando colectivos más vulnerables no pueden conseguir ese ansiado bienestar?
De este escenario parte el valor de la necesidad de implicación socioeducativa, política e institucional para avanzar en el proceso de inclusión social. Es evidente la necesidad de impulsar políticas sociales que den respuesta a las necesidades de ciertos colectivos, a menudo invisibles, para fomentar la plena inclusión.
Se trata de invertir en igualdad para garantizar procesos de inclusión reales y efectivos en una sociedad que lucha por los derechos humanos y la justicia social. Una sociedad donde la cohesión generada sea capaz de aprovechar el potencial social, sin dejar fuera del sistema a parte de la población que, en demasiadas ocasiones, es la más vulnerable.
En nuestro caso, resulta esencial tomar conciencia sobre los procesos de emancipación de las personas jóvenes extuteladas cuando alcanzan la mayoría de edad tras su paso por el sistema de protección de menores. Previamente a la creación de la Red pública de emancipación en la Comunitat Valenciana, a nivel político, no había una apuesta clara para trabajar con personas jóvenes extuteladas. Factores como la falta de recursos disponibles, el origen, la familia y las propias capacidades, juegan un papel decisivo en el camino único y personal de transición a la vida independiente. Anteriormente a la entrada en vigor de la reforma del reglamento de la ley de extranjería, el escenario era de total inseguridad jurídica y desprotección.
La apuesta por una Red pública de calidad, el impulso de ayudas sociales como la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) y la modificación del reglamento, ha supuesto un antes y un después en la vida de las personas jóvenes extuteladas en nuestra comunidad. Todo ello, ha generado un impacto indiscutiblemente positivo a nivel psicológico y motivacional, al poder conseguir una mayor autonomía en sus procesos de emancipación e inclusión.
En ocasiones resulta necesario echar la vista atrás para creer que es posible avanzar, que es posible sumar en derechos e igualdad, que es posible, siempre que haya interés en que lo sea. Sin duda todo ello supone una inversión de presente y de futuro.
Superar dificultades como las descritas, no debiera ser la tónica en el camino hacia la igualdad de oportunidades como sujetos de pleno derecho; en definitiva, hacia una inclusión real, hoy en construcción. En cambio, es necesario, seguir trabajando por derechos básicos como el acceso al trabajo y a una vivienda digna, o por ofrecer una narrativa alternativa a discursos que fomentan el odio y la discriminación.
En definitiva, la apuesta por equiparar derechos es fundamental cuando los ritmos en las sociedades complejas actuales, son tan frenéticos. Avanzar poco a poco, pero con firmeza y sin retroceder, es un reto al que como profesionales nos tenemos que seguir enfrentando.