UNA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA
Josep Sanz. Somllar. Vocalía Centros de Acogida
Los niños, niñas y adolescentes son el bien más preciado que tenemos como sociedad. Son el futuro inmediato, por eso hay que ofrecerles los mejores recursos bajo el paraguas de los marcos internacionales como los derechos de los niños y niñas y los derechos humanos con el objetivo prioritario del bien superior del y la menor.
Desafortunadamente, por diferentes motivos, algunos de estos niños, niñas y adolescentes están en situación de vulnerabilidad y es ahí donde el conjunto de la sociedad, el Estado y sus instituciones, no podemos fallarles. Es necesario articular recursos orientados a su atención y protección.
Para poder garantizar los derechos de estos y estas NNA, las administraciones articulan un conjunto de medidas y recursos que, para este colectivo y en esta etapa vital, contemplan los acogimientos familiares y las viviendas tuteladas. En cuanto a este segundo recurso, el residencial, que nos ocupa, debe garantizar una protección y atención adecuados en hogares residenciales que posibiliten el desarrollo de todas las potencialidades de estos y estas NNA. Estos recursos deben estar dotados de equipos educativos y técnicos y de programas de intervención socioeducativa adaptados a las características y situaciones de cada NNA y que contemplen todos los aspectos del desarrollo infanto-juvenil: emocional, físico, social, escolar, familiar y pre-laboral.
Un estado democrático y de derecho se basa en los principios de igualdad de oportunidades y de justicia social y, en este sentido, todas las entidades que trabajamos en el sector de la protección de NNA, tanto públicas como privadas, estamos llamadas a asumir este importante reto.
Las entidades que conformamos APIME, plataforma que agrupa a la mayoría de las entidades concertadas con la Conselleria de Igualtat i Polítiques Inclusives de la GVA, tenemos como principal objetivo la calidad en la atención residencial de este colectivo de NNA. Pero esta calidad ha de ser necesariamente una responsabilidad compartida entre las administraciones públicas y las entidades del sector. Para poder conseguir la excelencia en nuestra tarea debemos, como entidades especializadas en el sector, apostar por la máxima profesionalización de los equipos educativos y técnicos, implantar sistemas de mejora continua, mejorar los protocolos y herramientas de gestión e intervención, abrirnos a la innovación social, implantar sistemas de participación democrática, etc. A las administraciones públicas les corresponde garantizar con medios, recursos, diálogo y liderazgo la atención y protección de este colectivo de NNA en riesgo de exclusión social que son el presente y el futuro de nuestra sociedad.