HACIA LA GESTIÓN PUBLICA DE LAS RESIDENCIAS SOCIOEDUCATIVAS
José Miguel Bello Tena. Vocalía Medidas Judiciales
Me hubiera gustado poder dedicar estas líneas a hablar de la acción educativa y de todo el bien que se realiza a los chicos y chicas en las Residencias Socioeducativas dedicadas al cumplimiento de medidas judiciales, pero la actualidad viene marcada por el anuncio de la reversión a Gestión Pública de estos centros, hecho por la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas hace más de medio año; y unido a ello, las formas nada adecuadas en la comunicación a las Entidades y la incertidumbre generada en el personal por desconocimiento de la situación en la que quedan, los plazos, el modelo a implantar, etc.
La Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de Derechos y Garantías de la Infancia y la Adolescencia, en la Adicional transitoria segunda recoge lo siguiente: “Los servicios de las residencias socioeducativas para personas menores de edad en conflicto con la ley cuya gestión no corresponda, a la entrada en vigor de esta ley, a la Generalitat, continuarán prestándose por el mismo medio hasta que se extinga el contrato o el instrumento jurídico que les sirva de cobertura jurídica. La gestión pública de estas residencias se implantará progresivamente en un plazo de cinco años desde su entrada en vigor, periodo en el que podrán contratarse o concertarse con otras entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro”
De facto, esto supone que el IVAS (Instituto Valenciano de Acción Social) como ente responsable de poner en marcha el modelo, asumirá la gestión integral de todas las Residencias Socioeducativas, y que las Entidades sin ánimo de lucro, que las gestionamos en la actualidad (algunas de ellas con un recorrido casi centenario en el sector) dejaremos de prestar nuestros servicios desapareciendo de las mismas. El IVAS, también subrogará a todo el personal contratado, bajo la figura de personal a extinguir.
Esta no es una buena noticia para las Entidades que trabajamos en este sector, y mucho menos para nosotros, los Amigonianos, que durante más de ochenta años hemos estado presentes en la Colonia San Vicente Ferrer, teniendo como única máxima ayudar a los chicos y las chicas en dificultades con la ley.
Siempre que hay cambios en la gestión educativa y laboral de cualquier tipo de recurso se busca el fortalecimiento del servicio que se realiza, en este caso, cuesta adivinar que detrás de este nuevo modelo de gestión pública esté la mejora de la calidad del trabajo que se realiza.
Es lícito que las administraciones públicas lleven a cabo sus programaciones legislativas, pero creo que en este caso se equivocan en la implementación de un nuevo modelo de gestión pública para las Residencias Socioeducativas cuando éstas están dando respuesta adecuada a la problemática de los menores en conflicto con la ley; aunque seamos conscientes de que todo pueda ser mejorable.
A pesar del pesimismo e incertidumbre que ha generado esta decisión en las Entidades del sector, espero que acierten y que signifique una mejora del servicio que se ofrece a los chicos y las chicas que cumplen sus medidas judiciales en estos centros.
