
La Situación de las Residencias Socioeducativas en la Comunidad Valenciana: Retos y Desafíos en el Cumplimiento de las Medidas Judiciales para Menores
Rafa Yagüe. Fundación Amigó. Vocalía Medidas Judiciales.
Las residencias socioeducativas en la Comunidad Valenciana desempeñan un papel esencial en el sistema judicial y social, al ser los espacios donde los menores cumplen las medidas judiciales que se les imponen y donde, además, se les ofrece una oportunidad de aprendizaje, desarrollo personal y reintegración en la sociedad.
A través de programas educativos, terapéuticos y de acompañamiento, estos centros contribuyen a que los menores asuman la responsabilidad de sus actos y adquieran las herramientas necesarias para construir un futuro diferente. Las entidades que gestionan estas residencias realizan, por tanto, una labor de alto valor social, combinando la intervención educativa con la atención integral a cada menor.
Sin embargo, a pesar de su relevancia, las residencias socioeducativas de la Comunidad Valenciana atraviesan desde hace años una situación de desequilibrio económico y normativo que compromete la sostenibilidad de los servicios y la estabilidad de los equipos profesionales que los hacen posibles.
Un servicio esencial que se mantiene en condiciones de desequilibrio económico
Durante más de seis años, las entidades que desarrollan el servicio de atención residencial socioeducativa vienen operando con contratos prorrogados y módulos económicos sin revisión, a pesar del incremento sostenido del coste de la vida, la subida del IPC y las actualizaciones derivadas de los convenios laborales.
Esta falta de revisión ha generado una situación que puede calificarse de enriquecimiento injusto, al mantenerse las mismas tarifas por plaza mientras las entidades asumen el aumento de los costes y las plantillas ven congelados sus salarios desde 2021. En la práctica, esto significa que organizaciones y trabajadores deben continuar prestando el servicio con un nivel de financiación claramente insuficiente, soportando un esfuerzo económico que debería ser asumido por la Administración.
A pesar de ello, unos y otros han mantenido su compromiso con la atención a los menores y con la calidad del trabajo socioeducativo, demostrando un alto nivel de profesionalidad y responsabilidad social.
El impacto sobre las entidades y los equipos profesionales
El mantenimiento de los módulos económicos congelados repercute directamente en la capacidad de las entidades para sostener sus estructuras y garantizar unas condiciones laborales acordes con la responsabilidad del trabajo que se realiza.
Los equipos profesionales —educadores, psicólogos, trabajadores sociales, personal de atención directa y de apoyo— constituyen el pilar fundamental del sistema, y su dedicación es clave para el éxito de las medidas judiciales. No obstante, la paralización de los sueldos y la ausencia de margen económico para mejorar las condiciones laborales limitan la posibilidad de atraer y retener talento, en un ámbito que requiere alta especialización y compromiso.
La falta de actualización económica también dificulta la mejora y mantenimiento de las instalaciones, la incorporación de recursos pedagógicos y tecnológicos, o la ampliación de los programas de intervención individualizada, que resultan esenciales para el proceso de reintegración social de los menores.
Un marco normativo pendiente: el retraso del Decreto de Tipologías
A la situación económica se suma el retraso en la aprobación de la modificación al Decreto de Tipologías de los Centros de Servicios Sociales de la Comunidad Valenciana. Esta modificación es fundamental para establecer un marco regulador claro que defina la naturaleza, estructura y requisitos de los distintos tipos de centros, incluidos los socioeducativos.
Su ausencia prolonga una situación de inseguridad jurídica y administrativa, que dificulta la planificación a largo plazo de los recursos y la adecuación de los centros a los estándares de calidad que demanda el propio sistema de justicia juvenil.
La aprobación de esta modificación no solo aportaría claridad en la gestión, sino que también permitiría revisar de manera coherente las ratios de personal, los perfiles profesionales y los criterios de calidad que deben regir la intervención educativa y social con los menores.
Hacia un modelo sostenible y de calidad
El compromiso de las entidades que gestionan las residencias socioeducativas es firme: garantizar una atención integral, educativa y rehabilitadora para los menores en cumplimiento de medidas judiciales. No obstante, para mantener este compromiso en el tiempo, es necesario avanzar hacia un modelo que asegure la sostenibilidad económica y el reconocimiento del valor del trabajo que se realiza.
Esto pasa necesariamente por:
- Actualizar los módulos económicos de los contratos, ajustándolos a la realidad actual de costes.
- Aprobar la modificación del Decreto de Tipologías que dote de un marco normativo estable a los centros.
- Publicar los nuevos contratos que pongan fin a la actual situación de enriquecimiento injusto y regulen de manera estable el funcionamiento de los recursos.
- Reconocer la labor de los equipos profesionales, garantizando condiciones laborales dignas y acordes con la responsabilidad del servicio.
Conclusión
Las residencias socioeducativas constituyen un recurso fundamental dentro del sistema de justicia juvenil y un elemento clave en las políticas de protección y reintegración social de los menores. Las entidades que las gestionan y los trabajadores que componen sus plantillas han demostrado, a lo largo de los últimos años, un compromiso incuestionable con la calidad del servicio y con la misión educativa que las define.
Sin embargo, la falta de actualización económica y normativa coloca al sistema en una situación insostenible a medio plazo. La revisión de los módulos y la aprobación de la modificación del Decreto de Tipologías son pasos imprescindibles para garantizar la estabilidad del modelo, proteger a los profesionales que lo sostienen y asegurar que los menores continúen recibiendo la atención educativa y rehabilitadora que merecen.