Investigar para Proteger. La necesidad de cambiar la lógica estadística del Sistema de Protección Valenciano
Josep Sanz – Vocalía de Formación e Investigación
En la Comunitat Valenciana, el sistema de protección de niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) funciona, en gran medida, como una “caja negra”. Disponemos de leyes de vanguardia, como la Ley 26/2018, y de herramientas técnicas como el Decreto de Tipologías (27/2023), pero carecemos de algo fundamental: evidencia científica rigurosa sobre qué intervenciones funcionan y cuáles no tanto. En este sentido, reivindicar la investigación no es un capricho académico sino una exigencia ética. Sin datos, las políticas públicas carecen de rigor científico y, por lo tanto, no sabemos si los (escasos) recursos públicos están siendo bien optimizados. Algunas consideraciones.
Actualmente, la administración valenciana trabaja principalmente con datos cuantitativos de gestión: cuántas plazas hay, cuántos menores entran y cuántos salen. Pero, ¿qué pasa después? ¿Tenemos estudios longitudinales? ¿Qué sabemos de los y las jóvenes cinco, diez años después de salir del sistema? ¿Dónde están? ¿Cuál es su nivel de salud mental? ¿Han logrado la inserción laboral? Sin estos datos, el sistema se está limitando a cumplir el mandato legal de atender a menores hasta los 18 años sin evaluar si la intervención ha reparado realmente el daño. Por otra parte, poco o nada sabemos acerca de los efectos neurobiológicos y sociales del acogimiento residencial en el contexto valenciano para poder adaptar la intervención socioeducativa y los enfoques terapéuticos a esta realidad.
Por otra parte, todo el sector trabaja con un Decreto de Tipologías (Decreto 27/2023) que establece nuevas estructuras y perfiles profesionales, pero su implementación se ha hecho sin una fase previa de investigación que valide que estas nuevas tipologías son las más eficaces para los perfiles actuales (cada vez más complejos, con mayor incidencia de salud mental y diversidad cultural). Cada programa piloto o nueva tipología de centro debería llevar aparejada una evaluación externa e independiente. No basta con la buena voluntad de los equipos profesionales de intervención socioeducativa o terapéutica, necesitamos saber qué metodologías de resolución de conflictos o de acompañamiento educativo tienen tasas de éxito reales. Estos datos deberían ser abiertos y sometidos a un debate riguroso.
También es necesario poner al acento en las voces que intervienen en la recogida de datos. La investigación en el sistema valenciano peca de ser adultocéntrica. Reivindicamos una línea de investigación que sitúe a los niños y adolescentes como agentes activos, no como meros objetos de estudio. Nos interesa saber, por ejemplo, cómo perciben ellos la calidad del acogimiento, o qué aspectos de su formación consideran inútiles, o por qué no, cómo afecta la rotación del personal a su desarrollo emocional. Escuchar científicamente sus voces sería sin duda de gran ayuda para ajustar el Plan de Atención Individualizada a su propia realidad, no a la que se diseña desde los despachos.
En este sentido, podríamos apostar por un acercamiento, un “encuentro” más fructífero, útil y eficaz entre los centros de protección (y el sistema, por supuesto) y las universidades valencianas. Mientras el personal educativo y la administración estamos desbordados por la urgencia del día a día, la academia produce teoría muchas veces alejada de lo que realmente ocurre y se necesita en los hogares de acogida. Podríamos apostar por reforzar los convenios entre Sistema y Centros de Protección-Universidad no sólo con práctica para alumnado universitario sino también considerando estos centros de protección como espacios de transferencia de conocimiento.
La investigación es la herramienta que garantiza que el dinero público se invierte en lo que salva y mejora vidas. No debemos acostumbrarnos a que el sistema de protección valenciano siga operando por inercia o por modas políticas. A estas alturas considero que no es descabellado reivindicar la creación de un Observatorio de la Infancia y la Adolescencia de la Comunitat Valenciana que sea independiente, dotado de recursos y con capacidad de auditar la eficacia del sistema. Porque proteger no es solo custodiar; proteger es investigar las causas de la vulnerabilidad para erradicarlas y evaluar las soluciones para optimizarlas. No deberíamos permitir que la ignorancia se convierta, en última instancia, en una forma de desprotección.
