El pasado viernes, 30 de septiembre, APIME firmó, junto a decenas de colectivos y entidades sociales, el manifiesto por una financiación justa para la Comunitat Valenciana. Pedimos una financiación justa para poder seguir defendiendo los derechos y el bienestar de niños/niñas y jóvenes.

Aquí puedes leer el manifiesto completo:

MANIFIESTO POR UNA FINANCIACIÓN JUSTA PARA LA COMUNITAT VALENCIANA

Los ciudadanos y ciudadanas de la Comunitat Valenciana hemos sido leales a las instituciones de España y solidarios con las restantes comunidades autónomas. En nuestras etapas de prosperidad económica hemos sido motor de progreso para ellas.

Las divisas aportadas por nuestros exportadores de productos agrarios e industriales y por nuestras empresas turísticas han ayudado a la economía española en momentos difíciles.

Ahora, aunque seguimos siendo igual de leales y solidarios, la prosperidad valenciana no existe. El estereotipo de riqueza se ha agrietado.

Nos hemos empobrecido respecto al conjunto del país.

Muchas otras regiones españolas disponen ahora de mejores salarios y pensiones, de mejores servicios públicos, de mejores y gratuitas infraestructuras, de mayores recursos para apoyar el desarrollo de pymes y autónomos, para preservar el medio ambiente y ofrecer una mayor calidad de vida a sus ciudadanos.

Como demuestran las cifras del propio Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, aun siendo más pobres seguimos aportando una contribución de dinero a la administración del Estado que se encuentra por encima de la que nos corresponde por nuestro nivel de renta. De hecho, somos la única autonomía con una renta por habitante inferior a la media que recibe de los poderes públicos menos de lo que aporta, lo que supone una quiebra de los principios de equidad y solidaridad.

Si la Comunidad Valenciana hubiera recibido una financiación por habitante equivalente a la media de España a lo largo del período 2002- 2013, nuestra Administración autonómica habría ingresado 12.433 millones de euros adicionales. Estos recursos equivalen a más del 50% del crecimiento de la deuda pública autonómica a lo largo del período. Otras comunidades, incluidas algunas con una renta per cápita superior a la media, han obtenido recursos por habitante por encima de la media.

Con una financiación como la de estas comunidades, la nuestra podría tener una deuda pública autonómica muy inferior a la actual, habiendo gastado más en servicios públicos fundamentales.

El sistema de financiación autonómica es el principal, pero no el único motivo, de que la Comunitat Valenciana sea la única autonomía con renta per cápita inferior a la media que registra un saldo fiscal negativo, es decir, que aporta al funcionamiento de las Administraciones Públicas más recursos de los que recibe a través de las políticas de gasto.

Las inversiones del Estado son otro de los factores fundamentales. A pesar de aglutinar casi el 11% de la población española, nuestra Comunidad nunca ha recibido más del 10% de las inversiones del Estado. De hecho, lo más frecuente ha sido que situasen entre el 6 y el 7 por ciento.

Los valencianos y las valencianas llevamos demasiado tiempo maltratados. No hay ninguna explicación razonable, más que la prolongación de viejas inercias históricas, a las que se ha sumado una falta de presión reivindicativa por nuestra parte.

Sin olvidar nuestras propias responsabilidades y dispuestos a poner lo mejor de nosotros mismos en el empeño de empujar con energía y constancia la Comunitat Valenciana, nos consideramos con una inmensa fuerza moral para exigir que el Gobierno de España un trato justo. Afortunadamente, ahora todo puede cambiar, porque existe una total coincidencia entre todas las fuerzas políticas y sociales para acabar con esta situación Por ello, frente al victimismo insustancial y la autosatisfacción irresponsable, ahora toca decir: basta.

Hay que poner fin a la indiferencia que se ha adueñado del gobierno de España en lo que respecta a lo valenciano.

Exigimos que este 10 por ciento de España obtenga una financiación que permita que sus enfermos, escolares, universitarios, dependientes, parados y pequeños y medianos empresarios, sean considerados igual que los del resto del país. Ambicionamos una Comunitat Valenciana fuerte y potente en una España que atienda a las singularidades de cada territorio y garantice la igualdad entre sus ciudadanos.

POR ESO EXIGIMOS:

1. Una reforma inmediata del sistema de financiación autonómica que posibilite a los valencianos y valencianas disponer de unos servicios públicos fundamentales (sanidad, educación y protección social) dignos, y permita el ejercicio de las competencias propias (empleo, vivienda, medio ambiente, infraestructuras, cultura, promoción económica).

2. El reconocimiento de los déficit de financiación acumulados desde que se llevaron a cabo las transferencias de competencias a la Comunitat Valenciana cifrada en al menos 12.433 millones de euros desde 2002 a 2013, así como la definición y el establecimiento de un mecanismo de compensación de dichos déficit.

3. La ejecución por parte del Estado de unas inversiones en infraestructuras equiparables, como mínimo, al peso poblacional de la Comunitat Valenciana y compensando en todo caso la insuficiencia inversora de los últimos años.

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APIME firmó junto a decenas de plataformas y entidades sociales.

 

 

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